Los Estados deben reconocer legalmente la identidad de género de las personas, dice experto
Las personas no binarias sufren ataques y no pueden ejercer sus derechos en muchos lugares del mundo. Los gobiernos tienen el deber de prevenir y sancionar la violencia y la discriminación basadas en la orientación sexual.
En muchos lugares del mundo se ataca a las personas que no siguen las normas de género y las convenciones sociales y se le niegan sus derechos a la autodeterminación, autonomía e integridad física y mental. Los Estados deben defenderlas y reconocer legalmente su identidad de género, dijo este viernes el experto independiente de la ONU sobre la protección de la violencia contra la discriminación por orientación sexual o identidad de género.
En su informe anual al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Víctor Madrigal-Borloz expresó alarma por el aumento de la persecución de personas trans y de género no binario en algunos países “en un momento en el que se cuestiona el concepto mismo de género”.
“Es más importante que nunca que los Estados creen un entorno seguro para quienes no se ajustan a las normas de género de la sociedad”, dijo el experto.
El mes del orgullo
Recordó que en muchos países, junio es el mes del orgullo y tiene el propósito de resaltar la capacidad de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans y de género diverso para ocupar el espacio público en plena libertad e igualdad, así como de destacar el valor de su contribución a la sociedad.
Para hacer realidad estos objetivos, “los Estados deben defender los derechos relacionados con el género y la sexualidad como universales e inalienables, y garantizar el reconocimiento del derecho a la integridad física y mental, la autonomía y la autodeterminación de todos”, insistió Madrigal-Borloz.
Su exposición ante el máximo órgano de las garantías fundamentales abogó por la incorporación del género en el derecho internacional de los derechos humanos.
Afirmó que la teoría de género es una herramienta poderosa para abordar la opresión de las identidades femeninas o no normativas, y agregó que la lucha feminista “y la lucha por vivir libres de violencia y discriminación por orientación sexual e identidad de género están profundamente entrelazadas y se refuerzan mutuamente”.
Conceptos erróneos
Madrigal-Borloz explicó que existen argumento populares plagados de conceptos erróneos, estigma y prejuicios. Como prueba, en su informe incluyó los casos de más de 500 personas y grupos con una amplia variedad de opiniones.
Detalló que un pequeño porcentaje de la población mundial considera que las normas de género conllevan privilegios, pero que la gran mayoría de la humanidad, especialmente las mujeres y las personas que no encajan en la definición binaria masculino-femenino, piensa que esas normas acarrean discriminación y violencia.
El papel de los Estados
En este contexto, Madrigal-Borloz instó a los Estados a adoptar un análisis de género que aborde las causas de todo tipo de agresiones y acciones discriminatorias contra las personas debido a su género, identidad o expresión de género y orientación sexual.
Asimismo llamó que se acepte la diversidad de género basado en la autodeterminación.
“Los Estados deben hacer más para brindar el reconocimiento legal de la identidad de género en consonancia con los derechos a no sufrir discriminación, igual protección de la ley, privacidad, identidad y libertad de expresión”, recaló.
Abundó que eso implica, entre otras cosas, un proceso administrativo simple, basado en la elección del solicitante, y sin requisitos intrusivos o abusivos como la cirugía o el tratamiento hormonal.
También los menores
“La identidad de género de los menores de edad también debe ser respetada por la ley”, acotó.
El experto sostuvo que los gobiernos tienen el deber de prevenir, enjuiciar y sancionar la violencia y la discriminación basadas en la orientación sexual y la identidad y expresión de género, así como de reconocer “la libertad de todo ser humano para determinar los límites de su existencia, incluida la identidad y expresión de género”.
Los relatores especiales y expertos independientes forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones específicas de países o de cuestiones temáticas en todas las partes del mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan sus servicios a título individual.
