El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial expresó gran alarma por los presuntos actos de violencia contra los pueblos indígenas y afrodescendientes en Nicaragua y urgió a las autoridades del país a actuar inmediatamente para proteger los derechos de esos colectivos y hacer rendir cuentas a quienes los han quebrantado.

En su evaluación sobre el país centroamericano, publicada este martes, el Comité lamentó que no hubiera representantes nicaragüenses presentes durante el examen y destacó que el país no parece contar con una legislación nacional que prohíba la discriminación racial en los términos de la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial ni con disposiciones sobre el tema en el Código Penal.

Según el análisis, pese a los esfuerzos del Estado realizados para la restitución y revitalización de los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos originarios y afrodescendientes mediante la Estrategia y Plan de Desarrollo de la Costa Caribe y el Alto Wangki y Bocay, esos pueblos siguen padeciendo discriminación estructural como lo reflejan los índices de pobreza y la precariedad, exclusión y violencia que enfrentan constantemente.

“El Comité reitera su preocupación sobre la falta de protección explícita y reconocimiento legal de los pueblos indígenas del Pacífico, Centro y Norte. Además, el Comité está seriamente preocupado por los reportes que dan cuenta de una regresión por el Estado parte en la protección y respeto de los derechos de pueblos indígenas y afrodescendientes”.

Para remediar esta situación, instó a Nicaragua a adoptar medidas especiales o de acción afirmativa para eliminar la discriminación estructural que afecta a esas poblaciones.

Derecho a la tierra

Con respecto a los territorios indígenas, exhortó al país a garantizar la protección de los derechos de los pueblos originarios a poseer, utilizar, desarrollar y controlar con plena seguridad sus tierras, territorios y recursos; a avanzar en la demarcación y titulación de esos territorios, y a asegurar el reconocimiento legal y protección jurídica de los mismos.

Al referirse a las denuncias de actos de violencia y atentados contra la vida e integridad física de miembros de pueblos indígenas y afrodescendientes, específicamente en el Territorio Mayangna Sauni As en la zona de la Reserva de la Biosfera de Bosawás, los expertos deploraron no tener información de que esos abusos se hayan investigado y que puedan quedar impunes.

Además, citó las agresiones en las Regiones Autónomas de la Costa Caribe y solicitó al país tomar medidas urgentes para que los responsables sean enjuiciados y debidamente sancionados.

Proyectos extractivos

En cuanto al impacto de los proyectos extractivos, agroindustriales y de infraestructura sobre los recursos naturales en las tierras de los pueblos indígenas y afrodescendientes, el Comité destacó que la protección de los derechos humanos y la eliminación de la discriminación racial son esenciales para el desarrollo económico sostenible.

La evaluación dio cuenta de las alegaciones sobre la concesión de licencias para la explotación de recursos naturales y proyectos de desarrollo dentro de territorios indígenas sin llevar a cabo los procesos de consulta previa, o bien basados en personas no legitimadas para representar a los pueblos afectados.

El Comité mencionó concretamente los casos del proyecto del Gran Canal Interoceánico, el de aguas profundas en Bluefields, el de conservación de bosques y carbono, y el del BioClima, que afectan al pueblo indígena Rama y a las comunidades afrodescendientes Kriol y Negra Creole Indígena de Bluefiels.

En este renglón, recomendó al país que realice estudios independientes sobre los efectos sociales, ambientales y culturales antes de otorgar licencias para proyectos que involucren el desarrollo y explotación de recursos naturales en territorios indígenas o de afrodescendientes; además de consultar debidamente a las comunidades afectadas y a incluirlas en la toma de decisiones.

Uso excesivo de la fuerza

El examen subrayó, asimismo, los reportes de usos excesivo de la fuerza contra miembros de pueblos indígenas o afrodescendientes, incluyendo casos de muertes de integrantes de esas comunidades que se encontraban en detención.

Para poner fin a estos abusos, el Comité recomendó la adopción de provisiones que garanticen el respeto del principio de proporcionalidad y de estricta necesidad en el uso de la fuerza, capacitando a los agentes del orden en la utilización de mecanismos convencionales y en combate a la discriminación racial.

Acceso a la justicia

Del acceso a la justicia, resaltó las alegaciones de prácticas discriminatorias persistentes contra los indígenas y afrodescendientes. “Preocupa la información sobre violaciones a las garantías del debido proceso y a una defensa adecuada de los miembros de pueblos indígenas y afrodescendientes, así como sobre la práctica de perfilamiento racial de la población afrodescendiente de la Costa Caribe en el marco de la lucha contra narcotráfico resultando en falsas acusaciones, detenciones arbitrarias y allanamientos sin orden judicial”, apuntó.

En este punto, instó a tomar las medidas para luchar contra la corrupción y garantizar la transparencia en el sistema judicial como medio para salvaguardar la lucha contra la discriminación racial y el respeto de los derechos humanos.

También pidió al Estado garantizar el acceso de los pueblos indígenas a la justicia, asegurando el respeto de sus derechos fundamentales y de las garantías del debido proceso, así como a defensores capacitados con conocimiento de las lenguas indígenas e intérpretes que puedan explicarles el contenido de los procesos judiciales cuando fuera necesario.

Enfatizó, asimismo, la importancia de velar por que, en el marco de la lucha contra el narcotráfico, los agentes del orden no lleven a cabo acciones en contra de personas afrodescendientes basados en la estigmatización y perfilamiento racial.

Por otra parte, el Comité manifestó profunda preocupación por las acciones arbitrarias y represivas del gobierno para cerrar los espacios de participación y diálogo nacionales implementadas a partir del estallido de la crisis sociopolítica en abril de 2018.