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España viola el derecho a la educación de un niño marroquí en Melilla, afirma Comité de la ONU

14 Junio 2021

Pese a haber confirmado su residencia legal en ese enclave español del norte de África, una escuela pública se negó a admitir al hijo de una ciudadana marroquí cuando tenía seis años. El niño nació en Melilla y siempre ha vivido ahí. La madre denunció el caso al comité que vela por el respeto de las garantías fundamentales de los niños. Dos años después, el Ministerio de Educación español ordenó la matriculación del niño.

España violó el derecho a la educación de un niño marroquí de ocho años en Melilla al no admitirlo inmediatamente en la escuela pública después de que se confirmara su residencia en el enclave español, haciéndole perder dos años de su formación académica formal, afirmó este lunes el *Comité de los Derechos del Niño.

El niño, al que el Comité se refiere como A.E.A. para proteger su identidad, es hijo de una ciudadana marroquí y nació en Melilla en 2013, donde siempre ha vivido. Cuando cumplió seis años, la madre trató de inscribirlo en la escuela pública, pero las autoridades no reconocieron su residencia.

Su madre puso en marcha varios procedimientos judiciales, pero aun así las autoridades administrativas y judiciales locales se negaron a admitirlo en la escuela. 

La mujer entonces hizo una denuncia ante el Comité de los Derechos del Niño en marzo de 2020. Ocho meses después, la policía confirmó que A.E.A y su familia vivían en Melilla. A pesar de que la legislación nacional reconoce que los niños residentes tienen derecho a la educación, las autoridades locales se negaron a que el niño asistiera a la escuela, argumentando que no había pruebas de que tuviera un permiso de residencia legal.

Dos años después

Fue hasta marzo de este año, luego de que el niño perdiera casi dos años de su educación formal, cuando A.E.A. pudo asistir a la escuela luego de que el Ministerio de Educación español ordenara a las autoridades locales que lo matricularan.

Los expertos del Comité se mostraron complacidos con la admisión del pequeño, pero consideraron que ha tomado demasiado tiempo y que “no repara totalmente el daño causado por su prolongada ausencia de la escuela”.

Todos los niños tienen derecho a ir a la escuela, independientemente de su situación legal o la de sus padres. A.E.A debería haber podido aprender en un aula y hacer amigos con otros niños y niñas de su edad, aunque no tenga la nacionalidad española”, dijo Luis Pedernera, integrante del Comité.

El grupo de expertos dijo que España violó los derechos de A.E.A. al no tomar medidas rápidas para verificar su residencia en Melilla y al no admitirlo en el sistema de educación pública inmediatamente después de que se confirmara que efectivamente vivía en Melilla.

Compensación

El Comité instó al país a proporcionar a A.E.A. una compensación adecuada y a tomar medidas para ayudarlo en ponerse al día en la escuela.

Pedierna explicó que a pesar de que la legislación española garantiza la educación a todos los niños residentes, independientemente de su situación administrativa, A.E.A. y la mayoría de los niños sin permiso de residencia legal en Melilla se enfrentan a obstáculos de facto que impiden su escolarización.

“Esto supone una discriminación que viola la Convención sobre los Derechos del Niño”, añadió.

El año pasado, el Comité acogió con beneplácito la decisión de España de permitir que una niña marroquí de doce años se matriculara en una escuela local. Hasta ahora, seis niños y niñas que han presentado quejas ante el Comité han sido admitidos en la escuela. Sin embargo, se calcula que más de 150 niños sin un permiso de residencia legal en Melilla siguen excluidos del sistema de educación pública. 

Para evitar violaciones similares, el Comité pidió a España que garantice que las autoridades administrativas y judiciales locales tomen medidas eficaces y rápidas para confirmar la residencia de niños y niñas y para admitirlos en la escuela sin demora.

El Comité de los Derechos del Niño supervisa la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño por los Estados Partes y la aplicación de sus dos Protocolos Facultativos, relativos a la participación de los niños en conflictos armados (OPAC) y a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía (OPSC). La Convención tiene hasta la fecha 196 Estados partes. El Comité está compuesto por 18 expertos independientes en el ámbito de los derechos humanos que se desempeñan en su capacidad personal y no como representantes de los Estados partes. El Protocolo Facultativo a la Convención relativo al procedimiento de comunicaciones (OPIC), permite que el Comité reciba y examine denuncias presentadas por individuos o grupos de individuos que aleguen violaciones específicas de sus derechos por parte de los Estados que hayan ratificado el Protocolo Facultativo. Hasta la fecha, 48 Estados han ratificado o accedido al OPIC. Las decisiones del Comité son análisis independientes del cumplimiento de los Estados de sus obligaciones de derechos humanos bajo la Convención y sus dos Protocolos Facultativos sustantivos.

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