Honduras debió titular, delimitar y demarcar los territorios tradicionales de las comunidades garífunas de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz según un veredicto de 2015 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ordenó esas reparaciones tras haber encontrado que se habían violado las garantías fundamentales de ese colectivo.

Seis años después, los 300.000 integrantes de la comunidad garífuna hondureña, un grupo étnico de herencia africana e indígena, no han recibido esas reparaciones.

En cambio, las autoridades del país han privado de la libertad a tres mujeres defensoras del territorio y los derechos del pueblo garífuna e integrantes de la Organización Fraternal Negra de Honduras.

La relatora* especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos manifestó inquietud tras la detención de Silvia Bonilla Flores, Marianela Mejía Solórzano y Jennifer Mejía Solórzano.

Imputaciones

Mary Lawlor explicó que el Ministerio Público acusa a las defensoras de los delitos de robo con violencia o intimidación, usurpación, daños y amenazas.

La información con la que cuenta la experta indica que los cargos surgieron a raíz del conflicto relacionado con la posesión, uso y propiedad de ciertos terrenos con varios títulos de propiedad privados y un título de propiedad ancestral a favor de la comunidad de Cristales y Río Negro.

Jennifer Mejía Solórzano fue detenida el 3 de marzo y su hermana Marianela Mejía Solórzano también quedó arrestada cuando acudió a la estación de policía para saber qué había pasado. Luego, el 7 de marzo, se dictó auto de formal procesamiento para las dos mujeres con medidas cautelares distintas a la prisión preventiva. Las dos podrían ser condenadas a diez años de prisión.

La relatora de la ONU subrayó que la detención de las hermanas es particularmente alarmante, “ya que tuvo lugar un día antes de la audiencia de supervisión de cumplimiento de la sentencia de las comunidades garífunas emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2015”.

Respaldada por otros expertos de la ONU, Lawlor expresó su preocupación al gobierno hondureño por la detención de las hermanas en un contexto de “violencia, ataques y persecución contra las organizaciones de la sociedad civil, las comunidades indígenas y las mujeres en el país”.

La tercera detenida, la activista Silvia Bonilla, fue privada de la libertad el 16 de junio y el 2 de julio se le dictó sobreseimiento provisional sobre los cargos en su contra.

Órdenes de captura

Además de estas detenciones, hay 29 órdenes de captura en contra de defensores de los pueblos garífunas de Honduras.

Lawlor señaló que la criminalización debilita los movimientos de la sociedad civil, al igual que su capacidad para proteger a las personas más vulnerables de la sociedad.

“El gobierno debe abstenerse de utilizar la legislación penal nacional como una herramienta de intimidación en perjuicio de los defensores de derechos humanos”, enfatizó la relatora, afirmando que las tres mujeres en cuestión son perseguidas por su trabajo en defensa de la comunidad garífuna.

Por su parte, el relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas aseveró que las comunidades garífunas y las personas que se dedican a defender sus derechos siguen siendo objeto de violencia, ataques y persecución aún un lustro después del asesinato de Berta Cáceres.

Francisco Cali Tzay y Mary Lawlor urgieron a las autoridades de Honduras a proteger a los activistas de derechos humanos, en especial a los que luchan por los derechos de los pueblos indígenas, de las mujeres y del medio ambiente.

A este llamamiento se adhirieron el Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra mujeres y niñas, y la relatora especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Dubravka Simonovic.
 

*Los relatores especiales forman parte de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión establecidos por el Consejo para abordar situaciones específicas de países o cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno y organización y actúan a título individual.