Racismo, leyes sobre violación, mujeres migrantes en Centroamérica… Las noticias del lunes
Michelle Bachelet pide a los Estados dejar de negar el racismo y desmantelarlo. La violación se debe definir siempre basándose en la falta de consentimiento de la víctima, no en el uso de la fuerza, asegura una relatora independiente. Un informe de la ONU asegura que las leyes contra el aborto en América Central agravan su vulnerabilidad.
Bachelet pide a los Estados dejar de negar el racismo y desmantelarlo
“El racismo sistémico requiere una respuesta sistémica”, asegura la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, que pide medidas urgentes a los Estados para combatirlo.
Michelle Bachelet asegura que es preciso aplicar “una estrategia de amplio espectro y no un enfoque fragmentario” para desmantelar sistemas basados en “siglos de violencia y discriminación”.
La Oficina que dirige Michelle recibió en junio de 2020 -poco después del asesinato de George Floyd en Estados Unidos- el mandato de preparar un informe exhaustivo sobre el racismo. El análisis se basa en consultas en línea con más de 340 personas, la mayoría afrodescendientes
Bachelet pide “un enfoque transformador”. “Exhorto a los Estados a que dejen de negar y comiencen a desmantelar el racismo, a que pongan fin a la impunidad y fomenten la confianza, a que escuchen las voces de las personas afrodescendientes, a que afronten los legados del pasado y procuren una justicia reparadora”, dice.
Según el informe, en todo el mundo, y en particular en América del Norte y del Sur y en Europa, es desproporcionado el número de afrodescendientes que viven en la pobreza y que se enfrentan a graves obstáculos para ejercer sus derechos.
La violación debe definirse por la falta de consentimiento, no por uso de la fuerza, dice relatora
La violación se debe definir siempre basándose en la falta de consentimiento de la víctima, no en el uso de la fuerza, asegura una relatora de la ONU en un informe en el que pide a los Estados que adecuen sus leyes a los estándares internacionales de derechos humanos.
“El uso de la violencia o la fuerza demuestra la falta de consentimiento, pero no es un elemento constitutivo del delito de violación. La falta de consentimiento de la víctima debe estar en el centro de todas las definiciones de violación«, señala Dubravka Šimonović, relatora especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer. «No debe significar siempre no, mientras que la educación debe promover la comprensión del consentimiento afirmativo: sólo sí significa sí», añade.
La legislación debe establecer que cualquier relación sexual con una persona que no alcance la edad de consentimiento es una violación (violación de menores), en la que no es necesario determinar si hubo consentimiento. Las excepciones podrían incluir las relaciones sexuales consentidas entre una persona menor de 18 años y otra mayor de 14 pero menor de 16 años.
La experta señala que, en algunos Estados, en particular en América Latina, se establece el delito de estupro, que suele describir los casos en que un adulto mantiene relaciones sexuales con un menor de edad que ya ha alcanzado la edad legal de consentimiento empleando la seducción o el engaño. “La existencia de un delito menos grave en el caso de las adolescentes contribuye a la impunidad de los autores, ya que los datos indican que los violadores tienden a ser acusados del delito menos grave y no de violación, si es que alguna vez son enjuiciados”, dice la relatora, que pide abolir estas disposiciones.
Las leyes que penalizan el aborto en Centroamérica ponen en riesgo a las migrantes
Uno de los grupos más indefensos ante las violaciones y abusos sexuales son la mujeres y niñas migrantes, según un informe de la ONU, que asegura que las leyes contra el aborto en América Central agravan su vulnerabilidad.
Esta es una de las conclusiones a las que llega el estudio «Sometidos a abusos y abandonados», publicado por la Oficina contra la Droga y el Delito, que ofrece una perspectiva de género sobre los abusos que padecen los migrantes en las rutas del Norte de África y de América.
“Las diferentes formas de violencia sexual, explotación sexual, violación o agresiones a mujeres son omnipresentes en todas las rutas migratorias y de contrabando y parecen afectar casi exclusivamente a las mujeres cuando tienen una dimensión financiera”, señala el informe.
“Las leyes que penalizan el aborto y los actos sexuales entre personas del mismo sexo ponen en la diana a las mujeres y a los miembros de la comunidad LGBTQI+”, añade.
El reporte recuerda que, en El Salvador y Honduras, el aborto está penalizado en todas las circunstancias y en Guatemala el aborto sólo es legal cuando hay peligro para la vida de la madre. La penalización del aborto “expone a las víctimas a la criminalización y al riesgo de ser acusadas y procesadas ellas mismas, hecho que desalienta gravemente la denuncia de estos abusos”, agrega.
La OMS alerta de los riesgos del uso no regulado de la inteligencia artificial en el ámbito de la salud
Utilizar la inteligencia artificial en el ámbito de la salud conlleva riesgos por el uso poco éticos de los datos sanitarios y los sesgos codificados en los algoritmos, advierte la Organización Mundial de la Salud.
«Como toda nueva tecnología, la inteligencia artificial encierra un enorme potencial para mejorar la salud de millones de personas en todo el mundo, pero como toda tecnología también puede ser mal utilizada y causar daños«, dice el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización.
La inteligencia artificial puede utilizarse, y en algunos países ricos ya se está utilizando, para mejorar la velocidad y la precisión del diagnóstico y la detección de enfermedades; para ayudar en la atención clínica; fortalecer la investigación sanitaria y el desarrollo de medicamentos, y apoyar intervenciones de salud pública, como la vigilancia de enfermedades y la respuesta a brotes.
Sin embargo, el uso no regulado de la inteligencia artificial podría subordinar los derechos e intereses de los pacientes y las comunidades a los poderosos intereses comerciales de las empresas tecnológicas o de los gobiernos en materia de vigilancia y control social.
La OMS también advierte que no se deben sobrestimar los beneficios de esta tecnología, especialmente cuando esto ocurre a expensas de las inversiones necesarias para lograr la cobertura sanitaria universal.
