Los ataques al espacio cívico y democrático en Venezuela se están intensificado a través de políticas estatales que buscan silenciar la oposición o crítica al Gobierno del presidente Nicolás Maduro, afirmó la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre la República Bolivariana de Venezuela, en su último informe presentado hoy.

Durante el último año, la Misión investigó denuncias sobre violaciones de los derechos humanos reportadas entre enero de 2020 y agosto de 2023, y concluyó que había “motivos razonables” para creer que se cometieron al menos cinco privaciones arbitrarias de la vida, 14 desapariciones forzadas de corta duración, 28 casos de torturas y 58 detenciones arbitrarias cometidas.

No obstante, esos casos representaron “una disminución cuantitativa” con respecto a periodos anteriores.

Aparato represor del Estado

Pero la Misión asegura que la estructura represiva del Estado no se ha desmantelado, y “el Gobierno ha intensificado recientemente sus esfuerzos de reducir el espacio cívico y democrático, coartando las libertades individuales y colectivas y extendiendo su control sobre la labor de personas defensoras de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, medios de comunicación y partidos políticos.  

“Continúan cometiéndose en Venezuela violaciones graves a los derechos humanos.  Recientemente, estos incidentes se han llevado a cabo de manera más selectiva contra determinadas personas de la sociedad civil, tales como dirigentes sindicales, periodistas y personas defensoras de derechos humanos”, aseguró Marta Valiñas, presidenta de la Misión. 

En un caso, un grupo de seis sindicalistas, fueron condenados el 1 de agosto de 2023 a 16 años de prisión “por la sola razón de reclamar mejoras laborales, después haber sido detenidos arbitrariamente y de haber sufrido malos tratos en detención por más de un año”.

Las amenazas, vigilancia y hostigamiento constantes, junto a la difamación y a la censura, han sido utilizados por el Estado de silenciar, desalentar y sofocar la oposición real o percibida como tal, dice la Misión.  

Asfixia del debate político

“Al criminalizar la participación en actividades legítimas, el Estado silencia y crea un efecto que amedrenta a cualquiera que se plantee participar en alguna acción que pueda percibirse como crítica al Gobierno”, aseguró Patricia Tappatá Valdez, experta de la Misión.

Tappatá añadió que “la falta de independencia, y también la actuación deliberada de las instituciones judiciales y constitucionales, como la Contraloría y el Consejo Electoral, coartan los movimientos de líderes sociales y dirigentes políticos. La dinámica en su conjunto asfixia y suprime el debate y la vida política”. 

En ese contexto, Marta Valiñas afirmó que “los mecanismos de represión siguen existiendo, lo que hace que la vigilancia internacional a la vigencia de los derechos humanos sea más crucial que nunca en Venezuela”.   

Antecedentes: En septiembre de 2019, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Bolivariana de Venezuela (MIIV) mediante la resolución 42/25, para investigar las violaciones manifiestas de los derechos humanos cometidas desde 2014. 

La Misión presentará un informe verbal al Consejo de Derechos Humanos en marzo de 2023 con una actualización de sus investigaciones, y presentará su informe en el mes de septiembre de 2023 en una sesión de diálogo interactivo del Consejo.